martes, 12 de septiembre de 2023

El dominio liberal, 1930-1946

 Entre 1886 y 1930, el país estuvo dominado por el partido Conservador. Por eso, a este periodo se le llama Hegemonía Conservadora. Bajo la administración de los conservadores, el país tuvo que vivir un periodo de dificultad asociado a los efectos la crisis del 29 y las confrontaciones entre los trabajadores y los empresarios que había surgido como resultado del proceso de modernización. El gobierno se debatía entre las medidas que debía tomar para estabilizar la economía y pacificar la sociedad, en este panorama surge el intervencionismo de estado planteado por Keynes.

Los trabajadores, quienes padecían por el desempleo, producto de los cierres de las fábricas y los niveles de explotación a que eran sometidos por los empleadores, se organizaron para exigir sus derechos a través de las protestas, las cuales fueron sometidas y reprimidas duramente por el gobierno de Abadía Méndez, lo que generó un gran descontento en gran parte de la sociedad.

Ante este panorama, los liberales logran asumir el poder en 1930. Los liberales optaron por una política más conciliadora, que incluso buscaba encauzar este descontento para ganar el respaldo de la clase trabajadora y así ganar las elecciones. A los liberales les correspondió atender cuatro grandes problemas:


El liberalismo en el poder 

Luego de cuatro décadas de gobierno conservador, los liberales ejercieron el poder y la administración del Estado colombiano, entre 1930-1946. El triunfo de Enrique Olaya en 1930, llevó al poder al Partido Liberal. La década de los 30 se inicia con el mandato de un gobierno que pretendía superar el conflicto bipartidista a través de un gobierno de concentración nacional que invitaba a participar en la administración a liberales y conservadores. Enrique Olaya Herrera asume la presidencia en medio de la crisis económica mundial de la Depresión de 1929, enfrentando el debilitamiento de la economía nacional y la inestabilidad política interna. Así que su proyecto político apuntaba a resolver la crisis desde la intervención del Estado acompañada de una política proteccionista. Para lograr su propuesta política desarrolló una serie de reformas: protección a la mujer, respeto al fuero eclesial, fortalecimiento del ejército. Su gobierno enfrentó el conflicto con el Perú e internamente luchas de campesinos por la tierra, oposición fuerte del Partido Comunista y del movimiento gaitanista que en 1933 funda la Unir (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria), y así mismo la tradición del conflicto bipartidista que debilitó la propuesta de concentración nacional.

Alfonso López Pumarejo


Frente al resquebrajamiento sufrido en el cuatrienio anterior se perfiló una nueva propuesta de corte partidista hecha por Alfonso López Pumarejo, quien impulsó la transformación del Estado y la modernización del país a través de una reforma constitucional bajo un principio del liberalismo de carácter social, camino que había dejado abierto Olaya Herrera con las reformas alcanzadas.

Alfonso López asumió el poder en 1934 y presentó al Congreso diversos proyectos enfocados a la reforma constitucional que se llevó a cabo en 1936, a pesar de la oposición de la Iglesia y el Partido Conservador.

El fundamento del nuevo modelo se expresa en el intervencionismo del Estado en el que se concibe el bien común como la base del ordenamiento social, se incluye la protección del trabajo y se reconoce la propiedad privada como de función social, principios que se consagran mediante reformas en el campo agrario, educativo, tributario, marcando una política nacional que cuestiona la estructura tradicional.

La revolución en marcha: 1934-1938 

Sus reformas se caracterizaron fundamentalmente por el sentido a la declaración de propiedad. Entre los aportes más relevantes están el reconocimiento al papel del Estado en la orientación de la economía y los avances sociales donde se reconoció el derecho de huelga y el derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración pública.

Todo el proyecto reformador se alcanzó al ser aprobada la Reforma Constitucional de 1936 que de inmediato provocó controversia y oposición en sectores económicos y políticos que al ver afectados sus intereses se organizaron en la Asociación Patriótica Económica Nacional (Apen).

Reforma Constitucional de 1936 

Alfonso López Pumarejo planteó reformar la Constitución de 1886 para impulsar la modernización del Estado. Estos fueron los tres aspectos más importantes planteados en la reforma. 


Otros gobiernos liberales 

En 1937, Eduardo Santos fue elegido para el cuatrienio 1938-1942. En su administración se crearon los comités de conciliación para conflictos obrero patronales, se creó el Instituto de Fomento Industrial, el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial.

 En su gobierno se consolidaron algunos cambios iniciados en la administración de López Pumarejo, como fue el caso del impulso a la educación, la intensificación de la enseñanza industrial y artesanal, el bachillerato femenino y escuelas de economía doméstica rural. 

En su gobierno se afianzaron las relaciones con Estados Unidos y se logró que se elevaran a embajadas representaciones de países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Chile y México.

López de nuevo en el poder 

López asume el poder por segunda vez, entre 1942 y 1945, gracias al respaldo de la clase popular quien apoyaba las reformas sociales impulsadas por López.

La difícil situación provocada por la Segunda Guerra Mundial y la caída de los precios del café se convirtieron en un obstáculo para que las reformas planteadas por Alfonso López se continuaran dando. La oposición de los sectores tradicionales (terratenientes, conservadores y católicos) se unió y ejerció una fuerte presión que obligó al presidente a renunciar en 1945.

Algunas de las reformas impulsadas por López durante su segundo gobierno fueron:

• Fortaleció la política internacional, especialmente con Estados Unidos, gestionó el ingreso de Colombia a las Naciones Unidas. 

• Creó el Instituto Colombiano de Seguro Social, con la intención de garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores. 





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