Sin entrar en asuntos polémicos que sus seguidores suelen pasar por alto, debe reconocerse que el gobierno de Lleras prestó atención a un viejo problema social, la reforma agraria. Le prestó atención, pero no le dio ninguna solución, como no se la han dado ninguno de los gobiernos colombianos. De manera que hoy en día, la cuestión agraria sigue sin resolver, lo que explica, en buena medida, algunos de los graves problemas que vive actualmente el país.
Los pocos y tímidos intentos por llevar a cabo una reforma agraria en Colombia han arrojado siempre resultados muy pobres, mucho más decepcionantes incluso que en otros países latinoamericanos. Los liberales de la segunda mitad del siglo XIX expropiaron inmensas extensiones de tierra a la Iglesia católica, pero éstas fueron a parar a manos de terratenientes poco eficientes. Setenta años después, bajo la presión del campesinado, Alfonso López Pumarejo intentó ponerles ciertos límites a los latifundios improductivos, pero los índices de redistribución fueron insignificantes. Durante la llamada “Violencia”, colonos y pequeños campesinos perdieron sus parcelas ante la presión de los más poderosos. Y llegamos a Carlos Lleras: es cierto que durante su gobierno fueron distribuidas miles de hectáreas a la población rural, pero, primero, casi todas constituían lejanos baldíos de baja calidad y, segundo, el Presidente renunció a su política agraria presionado por los terratenientes. Desde entonces, el tema fue archivado por la clase dirigente.
La cuestión agraria se relaciona con la migración campo-ciudad, que genera todo tipo de dificultades en urbes que no pueden recibir a tanta gente. También se relaciona con diferentes formas de delincuencia, de violencias y con los cultivos ilícitos, debido a que el campo ofrece pocas oportunidades para sus pobladores. Asimismo, tiene efectos nocivos en la producción, pues las tierras están dedicadas indebidamente a la ganadería, lo que disminuye la producción de alimentos. A todo ello se suma el drama de miles de campesinos, que en los últimos años han perdido más de cinco millones de hectáreas y han tenido que abandonar sus regiones. Según datos de instituciones académicas —no de los terroristas, ni de los enemigos de la patria—, el 0,4% de los propietarios acapara el 61% de las tierras, mientras que el porcentaje de tierras en manos de millones de campesinos es tres veces menor.
Este complejo asunto no se limita únicamente a la distribución de tierras; implica, también, si no se quiere repetir el fracaso del minifundio, vías, estudios de mercadeo, préstamos, asesoría técnica. Frente a semejante problema y a tamaño desafío, el Estado ha optado por la indiferencia, cuando no por el engaño (Carimaguas) y la ignominia (los desplazados convertidos en turistas).
Por: Ricardo Arias Trujillo, profesor del Departamento de Historia, Universidad de los Andes. Tomado de www.elespectador. co 9 de octubre de 2008
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